Contradicción, armas de fuego e hipocresía.

La violencia urbana y el mercado negro de armas de fuego son temas que deben concernir a todos los ciudadanos de Argentina en cuanto responsables del auxilio a la cohesión social y en cuanto analistas de las relaciones de ambos temas entre sí y con ellos mismos. La exposición en estos últimos años de diversos hechos en los que las armas de fuego de diferentes calibres han estado involucradas sugiere que existe una tendencia general en aumento de la demanda de las mismas a un nivel que ineludiblemente relacionamos con la delincuencia ordinaria y profesional. Pero el problema en líneas generales es aún más grave si tenemos en cuenta que quienes delinquen en los diferentes niveles de tipificados en el Código Penal argentino relacionados con la ilegalidad de las armas de fuego son una minoría de la población. En todo caso valdría la pena preguntarse como un mercado de tal magnitud y ganancias importantes, aunque fragmentadas según el nivel de organización criminal, se mantiene si tenemos en cuenta que la delincuencia ordinaria y profesional se pertrechan de tales instrumentos de forma intermitente y quienes son los agentes que representan el resto de la demanda interna argentina. Encontramos una respuesta realista y plausible a tal interrogante en el momento actual de la demanda de medidas y derechos por parte de la ciudadanía no directamente relacionados a la fabricación de armas de fuego y sus productos complementarios en cuanto involucran a su función (municiones, accesorios, piezas de repuesto y productos que disminuyen o aumentan los efectos balísticos de dichas armas), como la seguridad, el control del Estado en las fronteras, el control del estado de las organizaciones criminales y sus ramificaciones y consecuencia en el ámbito de convivencia diaria, así como la asistencia a una comunidad cada vez más violentada.
En tal caso nos referimos a la compra de armas de fuego por parte de los particulares que buscan someter a su suerte a lo que el Estado no responde de la manera esperada. Así vemos como en los mercados ilegales de las ciudades más grandes del país, los que acuden a la compra son en su mayoría ciudadanos que prefieren eludir el control de los organismos del Estado para adquirir “algo con que defenderse”. Lo cierto es que tal mercado en general se alimenta de la voluntad del ciudadano argentino de sortear constantemente el control que tanto clama, siendo una posición peligrosa para una sociedad de “gente honesta”. Teniendo en cuenta esto y que el nivel de violencia social y simbólica se ha ido incrementado en últimos años no es sorprendente que muchos de los conflictos interpersonales, intergrupales e intragrupales acaben en hechos graves lesivos de los derechos de las personas, siendo el homicidio el más destacable por el uso de diferentes instrumentos en los que va tomando preponderancia, aunque de a poco, las armas de fuego.
Tal evolución de la situación general, en tanto posee indicadores analizables objetivamente (estudios, estadísticas, encuestas de victimización, etc.) y en cuanto se puede contar la percepción subjetiva de la ciudadanía y sus sensaciones (inseguridad, marginalidad, descreencia en el Estado de Derecho, etc.), revela la inversión del objetivo muchas veces propuesto a modo de justificación del accionar del ciudadano en su tan débil y acomodaticia moral. Por ello, lo que se quiere aludir como instrumento de defensa termina transformándose en un instrumento de ataque y, para mayor preocupación, muchas veces en un instrumento causante de muerte. La contradicción manifiesta en el uso que se hace de la excusa (en connivencia a una moral de carácter popular deformadora e influenciable) o de la justificación (cuando esa excusa se adapta a la particular situación y persona que usa tal moral) acrecienta la posibilidad de una contradicción en las relaciones que hacen el tejido social, que muchas veces terminan resolviendo las tensiones de forma violenta y cuanto menos lesiva a los derechos de las partes. La utilización de armas de fuego por parte de civiles no ligados al delito como parte para conseguir algún objetivo es uno de los tantos caminos que toman estas contradicciones en la ruta hacia la ilegalidad del acto (o al menos a su ilegitimidad). Por lo tanto ante una nueva situación política nacional y regional no hay ningún indicio que los componentes de las distintas clases sociales quieran cambiar de modo alguno las nociones en las que sustentan, a veces con plena consciencia, su accionar. En tal caso estamos ante una situación que no nos augura una pacificación social a pesar de los eslóganes tan utilizados por ciertos partidos y sus promesas (aun suponiendo que tales promesas son cumplidas), sino que nos augura una praxis más violenta de los vínculos y un entramado más complejo para sortear a las leyes, como si de un deporte nacional se tratara. De forma que las medidas que se han tomado durante los últimos veinte años a favor del control de armas de fuego, municiones y productos relacionados, y que nos han permitido reducir y restringir el accionar del lobby de armamento en nuestro país, que invitan a un desarme de la sociedad y que aseguraba un control más fuerte la comercialización en sus diferente escalas, se pueden ver contrarrestadas por la pobre noción de estos logros y por el intento manifiesto de establecer una cultura desligada de la vida como primer derecho en detrimento de los contenidos que presuntamente la hacen, con sus implicancias: una visión primitiva de la justicia y una visión degradada de la importancia del ciudadano sobre el respeto al Estado de Derecho. Es entonces cuando las personas capaces de aportar a la comunidad deben invitar a los ciudadanos a ver su reflejo en el espejo y hacerles reflexionar acerca de tal contradicción que realimenta la violencia urbana cuyo mayor riesgo es la naturalización.
El mercado negro de las armas se beneficia de la corrupción de la fuerzas policiales, muchas veces de la fuerzas armadas, pero también se beneficia de los funcionarios estatales, los políticos, las empresas privadas de seguridad (e incluso aquellas que no están ligadas a la seguridad pero que aportan materiales para otros ilícitos relacionados, por ejemplo las recargas de municiones), los civiles que no temen caminar en “zonas grises” cuando les convienen, y por supuesto, de los delincuentes. El hecho de que se haya incrementado la seguridad de los depósitos judiciales y policiales y que a pesar de todo sigan desapareciendo armas y equipamientos (o que a veces aparezcan indicios claros de su utilización posteriormente al proceso que los llevo allí) no significa nada más que gran parte del problema no es externo a las instituciones que guardan tales materiales. El hecho que caigan en manos de delincuentes profesionales armas tales como FAL, M4, M16, etc. y sus réplicas, no significa nada más que incluso en las fuerzas armadas existen elementos que conviven con el doble aspecto de una cultura que se ha ido deformando hasta el punto que no necesitan ayuda externa para cometer un delito. El hecho de que los propios ciudadanos del país evadan los controles y cuando no intenten usarlos para algún beneficio de tipo comercial, no significa nada más que la sociedad no se hace responsable de un mal propio y gradualmente aprendido. En cuanto a los delincuentes no hay más que decir en cuanto ellos han elegido ya ese medio de vida (El fatalismo es tentador en una sociedad de doble aspecto, que reduce la capacidad de elección cuando conviene y exalta la libertad cuando no).
Ocurre, luego y en consecuencia, que en provincias como Córdoba el gobernador intente equipar más a la fuerza policial, incorporar más personal y, en definitiva, no acabar con el delito sino reforzarlo. Ocurre, además, a nivel nacional que se implementen decretos sin medios para asegurar la concreción de los objetivos propuestos y sin un plan serio para acabar con el crimen organizado, que es el proveedor por defecto de los medios de violencia entre civiles. Es decir que lo que se está haciendo es nada, logrando así que se vean aplastados lo fines de los ciudadanos y la “gente honesta”, y perpetuando el intento de acceder a una parcela y propiedad de poder por medio de los diferentes instrumentos de referencia, incluyendo las armas de fuego, para asegurar lo que supuestamente le corresponde a estos. El movimiento perfecto de la incapacidad a nivel general sostenido y ostentado por lo particular, que se encapricha en no ceder medios pero que quiere gozar de la bondad de un país desarrollado.
En conclusión, la violencia urbana tan retratada y que tanto debería preocupar al ciudadano es algo de lo que no podemos librarnos fácilmente sin antes no sacrificar algunas de la creencias que tanto han arraigado en estos últimos años, en especial aquellos que se vieron reforzadas en gran parte a partir de los años de la globalización y su cultura, sobre todo a lo que se refiere a dejar en oscuras los derechos y los deberes. Lo que le corresponde a los más responsables y a aquellos que tengan un rol directivo en nuestra sociedad es hacer conscientes estos rasgos y aquellos que van en contra de la vida humana, según lo entendemos actualmente. El hecho de que la tasa de homicidios se mantenga aproximadamente constante en algunas provincias como Córdoba no nos debe engañar, porque lo fundamental esta en analizar el acto y el hecho en concurrencia de otros factores, lo que podemos encuadrar en las clasificaciones y sus denominaciones, ya sea Inseguridad, ya sea Violencia Urbana, y además comprometernos a tener un espíritu combativo hacia aquello que facilite moral e instrumentalmente la violencia en una sociedad inevitablemente más diversa y por ello más rebelde de los medios legales disponibles.

Ce.Pro.Fa.